De acuerdo con el último Forensis publicado por Medicina Legal, el 61,8% de las muertes violentas de hombres entre 18 y 28 años son por homicidio. En mujeres de la misma edad, el porcentaje es de 33,6%.
Los datos no responden a una coyuntura. Coincide con la información entregada por la Defensoría del Pueblo para esta investigación: entre 2013 y 2022, las tasas más altas de mortalidad por homicidio se concentraron de manera sostenida en la población entre 14 y 28 años.
En 2022, la juventud (14–28 años) registró la tasa más elevada del país: 48,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguieron los adultos jóvenes (29–44 años), con 46,2. En contraste, las tasas disminuyen de forma considerable en la infancia y en la población mayor de 60 años. No es exagerado afirmar que La violencia en Colombia no es aleatoria en términos de edad: se concentra, sistemáticamente, en los jóvenes.
La misma Defensoría advierte que los departamentos con mayor tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) por cada 100.000 habitantes fueron: Arauca, Putumayo, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. También señala que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Vichada se redujo la tasa entre 2018 y 2022 (DANE, 2023, p. 84).
Los datos exigen un análisis territorial articulado con las Alertas Tempranas y con las dinámicas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Pero esa articulación no aparece.
462 jóvenes asesinados
En 2024 se reportaron 13.496 homicidios en Colombia. De ellos, 462 corresponden a jóvenes entre 14 y 28 años, según el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Las ciudades más afectadas fueron Cali (42 casos), Bogotá D.C. (29), Barranquilla (22) y Soledad (21). Quibdó (19) también presenta cifras preocupantes.
Sin embargo, ningún informe explica el porqué. No se precisa si estos jóvenes murieron por disputas de narcotráfico, por reclutamiento, por microtráfico, por economías ilegales o por quedar atrapados en territorios controlados por estructuras criminales. Las estadísticas registran el hecho, pero no indagan en la causa.
El propio informe Forensis (2024) advierte que “en algunas variables críticas para la comprensión del hecho violento, como la circunstancia o móvil de los homicidios y la actividad durante el hecho, el porcentaje de casos sin información puede ser superior al 70%”, debido a que estos datos provienen del acta de inspección técnica a cadáver, la cual “en muchos casos no tiene la calidad requerida”. ¿Más del 70% sin información clave’
El ping pong institucional
Para comprender el fenómeno del llamado “juvenicidio”, enviamos derechos de petición —amparados en la Ley 1712 de 2014— a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Las preguntas eran claras: homicidios de jóvenes entre 14 y 28 años en el marco del narcotráfico o microtráfico, cifras, alertas, acciones de prevención y balances institucionales.Lo que siguió fue un recorrido burocrático:
La Fiscalía respondió el 28 de abril señalando que la Dirección Especializada contra el Narcotráfico investiga tráfico de drogas, no homicidios ni reclutamiento. Remitió la solicitud a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que a su vez indicó que solo atiende casos en el marco del conflicto armado y trasladó el requerimiento a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes. Esta última volvió a redirigir la solicitud hacia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF.
El Ministerio de Justicia respondió con información sobre acciones y presupuestos, pero aclaró que no tiene competencia para proporcionar información sobre homicidios de jóvenes vinculados al narcotráfico. Remitió la solicitud a la Policía Nacional y nuevamente a la Fiscalía. Cada traslado implicó esperar otros 15 días hábiles. Cada respuesta abrió otra puerta pero en ninguna el equipo de investigación encontró una respuesta.
Estrategias fragmentadas
El Ministerio de Justicia señaló como principal estrategia la Política Nacional de Drogas 2023-2030, particularmente el Eje 3 y la creación de las Zonas de Paz y Esperanza (ZPE), que se implementarán inicialmente en Buenaventura, Tumaco y Quibdó. Para 2025 se proyecta un convenio de cooperación internacional con un presupuesto aproximado de $1.500 millones.
La Policía Nacional informó que destinó $343.810.250 entre 2019 y 2021 para adquirir 12 kits tecnológicos de prevención en departamentos priorizados como Guainía, Vaupés, Vichada y Buenaventura, y $1.054.338.453 entre 2021 y 2022 para la compra de tres “Patrullas PAÍS” asignadas a Cauca, Caquetá y Caldas.
Más de mil trescientos millones de pesos invertidos en tecnología y movilidad para enfrentar un fenómeno que atraviesa el país.
La Fiscalía respondió con información sobre canales de denuncia y manuales de atención a víctimas, pero no profundizó en medidas de prevención ni en resultados concretos.
El ICBF entregó un documento de 32 páginas con cifras y programas. Sin embargo, solo respondió de manera puntual sobre los recursos económicos desde 2015 para la prevención del uso y reclutamiento de menores. Ante el fenómeno del juvenicidio, mencionó los programas “SacudeTé” y “OFA”, sin detallar acciones específicas frente a los homicidios de jóvenes vinculados a economías ilegales. Muchas páginas. Pocas respuestas.
La Defensoría del Pueblo fue la única entidad que reconoció que en Colombia ser joven implica un riesgo estructural. Citando al Instituto Nacional de Medicina Legal, señaló que más de 10.000 jóvenes fueron asesinados entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que equivale al 45% de todos los homicidios del país en ese periodo.
También advirtió que no existe una política pública nacional de juventudes ni una estrategia integral que articule a las instituciones. Reconoció que el “juvenicidio” no es solo la muerte física, sino una violencia estructural que niega derechos, oportunidades y futuro.
Pero incluso esa advertencia quedó sin una ruta clara de acción.
¿Quién responde entonces?
Hoy sabemos que en 2024 fueron asesinados 462 jóvenes entre 14 y 28 años. Sabemos que el 61,8% de las muertes violentas de hombres jóvenes son homicidios. Sabemos que más del 70% de los casos carecen de información clave sobre el móvil del crimen. Sabemos que más de 10.000 jóvenes fueron asesinados entre enero de 2024 y julio de 2025.
Lo que no sabemos es quién articula la respuesta del Estado:
¿Quién consolida la información? ¿Quién investiga de manera integral? ¿Quién diseña una política pública nacional de juventudes que hoy no existe?
Si las propias entidades reconocen que no hay una estrategia integral, ¿qué está esperando el Gobierno para formularla?
¿Cuántos jóvenes más deben morir mientras las responsabilidades rebotan de oficina en oficina?
Porque mientras los oficios viajan, los jóvenes siguen cayendo.
