¿Cuántos jóvenes están siendo asesinados cada día en Colombia? ¿Qué papel juegan el narcotráfico y el microtráfico en esas muertes? ¿Por qué, pese a la recurrencia, cada caso se registra como un hecho aislado?
Durante años, la Unidad de Investigación Periodística ha seguido las pistas de un fenómeno tan extendido como poco documentado: la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a economías ilegales, en las que la vida se vuelve una moneda de cambio. En esos circuitos, un error, una deuda o una sospecha pueden costar la vida, muchas veces por órdenes de jefes que nunca conocieron.
Las cifras dan una dimensión del problema. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia se registraron más de 13.000 homicidios en 2024, y una proporción significativa de las víctimas fueron jóvenes entre los 15 y 29 años. A esto se suma lo documentado por el DANE y organizaciones como Indepaz, que han advertido sobre la persistencia de violencias letales contra juventudes en contextos urbanos y rurales, muchas de ellas asociadas a economías ilícitas y disputas territoriales.
En el campo de las ciencias sociales, este patrón ha comenzado a nombrarse con mayor precisión: juvenicidio. Investigadores como José Manuel Valenzuela Arce, Germán Muñoz y Carles Feixa utilizan el término para describir un proceso sistemático de atentado contra la vida de personas jóvenes por el hecho de serlo. No se trata de homicidios aislados, sino de la eliminación recurrente de colectivos juveniles en contextos donde confluyen poderes criminales, estructuras estatales débiles o tolerantes y economías ilegales que se sostienen sobre cuerpos jóvenes.
Colombia no es ajena a esta lógica. Tras la caída de los grandes carteles en los años noventa, el negocio se fragmentó y se territorializó. En ese escenario, las redes de microtráfico comenzaron a reclutar menores de edad como campaneros, distribuidores o transportadores, aprovechando su menor exposición penal. Para muchos, esa entrada temprana a la economía ilegal se convierte en una trayectoria sin salida, marcada por la precariedad y la violencia.
El resultado es una cadena de muertes que rara vez se conecta como fenómeno estructural. Jóvenes asesinados en barrios periféricos, en corredores de economías ilícitas o en zonas de disputa armada, cuyos casos se diluyen en estadísticas fragmentadas. Sin una lectura de conjunto, el país sigue sin construir una radiografía clara de lo que distintos expertos coinciden en señalar: la existencia de una violencia sistemática contra las juventudes.
En agosto de 2020, Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No Repetición emitió un comunicado en el que alertaba sobre el asunto: “Muchos jóvenes tienen miedo y rabia porque el Estado no los protege de quienes buscan imponer autoridad por las armas o reclutarlos a la fuerza. Nuestros jóvenes se niegan a que les maten el futuro”.
En esa tensión entre el miedo y la resistencia se instala este especial multimedia: una búsqueda por entender por qué, en Colombia, ser joven sigue siendo —demasiadas veces— una condición de riesgo.
